Aunque todos nacemos con la misma dignidad, la realidad parece indicar que el tiempo y el lugar de nuestro nacimiento, así como nuestra capacidad para ser más o menos útiles o productivos, condicionan los derechos que se nos reconocen y la forma en que la sociedad valora nuestras vidas.

Pero nada mejor que mirar hacia la historia, donde encontramos a reyes medievales, señores feudales y otras autoridades que hacían gala de su poder mediante el ius gladii (derecho de la espada), una prerrogativa que les permitía imponer penas que iban desde la amputación de extremidades hasta la muerte. La ejecución pública de estas sentencias no solo castigaba al condenado, sino que también servía como advertencia para el resto de la comunidad, reforzando así el orden establecido y la autoridad de quienes gobernaban.

La Revolución Industrial y la consolidación del capitalismo no eliminan el poder coercitivo, pero lo reorganizan. En términos de Michel Foucault, se produce el paso del poder soberano -“hacer morir o dejar vivir”- a formas de poder disciplinario y biopolítico que buscan “hacer vivir y dejar morir”.

Este desplazamiento es analizado por el filósofo Michel Foucault en su obra Vigilar y castigar (1975), donde explica cómo el control disciplinario se ejerce a través de la vigilancia, la normalización y la regulación de los cuerpos. En este nuevo contexto, el poder se despliega a través de instituciones como la escuela, la fábrica, el cuartel o la prisión, lugares que organizan el tiempo, el espacio y el comportamiento cotidiano de los individuos. A ello se suma su concepto de biopoder, con el que subraya que el poder no se ejerce solo sobre individuos aislados, sino también sobre poblaciones enteras mediante el control de la salud, la natalidad y la productividad.

Pero avancemos un poco más hacia otros momentos históricos, como el colonialismo o el nazismo, donde el valor de la vida humana se jerarquiza para determinar qué vidas merecen ser protegidas, cuáles explotadas y cuáles eliminadas. En el contexto del colonialismo, la vida de los pueblos colonizados quedó subordinada a los intereses de las metrópolis. En el caso del nazismo, la eliminación del “otro” adquirió la forma de política de Estado. Ambos casos pueden entenderse, desde la perspectiva de Foucault, como expresiones extremas del biopoder.

Llegados a este punto, cabría preguntarnos cuál es hoy la consideración de la vida humana, es decir, hasta qué punto podemos afirmar que todas las vidas poseen el mismo valor.

Desde la perspectiva del historiador y teórico político Achille Mbembe, esta cuestión no puede responderse únicamente desde la noción de biopoder. Por ello, introduce el concepto de necropolítica, que describe cómo el poder contemporáneo no solo organiza, regula y administra la vida, sino que también produce espacios y condiciones en los que determinadas poblaciones quedan expuestas de forma sistemática a la muerte, al abandono o a formas extremas de precariedad. En este marco, la cuestión no es únicamente quién vive, sino qué vidas son protegidas y cuáles son consideradas prescindibles.

Todo ello puede observarse con claridad en nuestra sociedad.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 63.000 personas han muerto o desaparecido en rutas migratorias entre 2014 y 2024. Estas cifras no pueden interpretarse como meros accidentes individuales, sino como la consecuencia de políticas de control fronterizo y desigualdades estructurales que condicionan la movilidad humana. El Mediterráneo se ha convertido, en este sentido, en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo.

De forma similar, los conflictos armados muestran cómo ciertas poblaciones quedan atrapadas en situaciones donde la vida civil se vuelve estructuralmente vulnerable. Un ejemplo es la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, que desde 2023 ha provocado decenas de miles de víctimas y desplazamientos masivos de población.

Por otra parte, el Banco Mundial estima que alrededor de 700 millones de personas viven en situación de pobreza extrema. En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025, el 25,7 % de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social.

A ello se suma la desigualdad climática, que introduce una dimensión adicional de injusticia global.

En términos de Mbembe, estos contextos muestran cómo la vida puede quedar suspendida en un umbral entre la existencia y la exposición permanente a la muerte.

En conjunto, las ideas de Foucault y Mbembe permiten comprender que el poder moderno no solo regula la vida, sino que también la expone de forma desigual al riesgo, la vulnerabilidad y, en última instancia, a la muerte.

Quizá, en este punto, preguntarnos por la consideración actual de la vida humana no tenga sentido sin interpelarnos también sobre lo que hemos hecho —o podemos hacer— para construir un mundo más humano, más justo y más digno.